La
publicación a comienzos de este mes del último informe del Observatorio
de Piratería y Hábitos de Consumo Digitales sobre el tráfico ilegal de
contenidos audiovisuales por internet en nuestro país (datos de 2013) ha
levantado ampollas. Al parecer, la situación ha empeorado con respecto al año
pasado.
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El
informe, encargado por La Coalición de
Creadores e Industrias de Contenidos, se basa en una encuesta a internautas
–con edades comprendidas entre los 11 y los 74 años– realizada por la consultora
GfK con captación
personalizada a partir de una base de 50.000 panelistas (no se especifica el
tamaño concreto de la muestra). Estos son algunos de los datos más relevantes:
- El 84% de todos los contenidos culturales adquiridos en España es pirata.
- El 51% de los internautas declaran acceder a productos de forma ilegal. En concreto, el 43% declara piratear películas, el 28% música, el 15% libros y el 10% videojuegos.
- La mitad de los accesos ilícitos tienen que ver con novedades. En concreto, en el caso de películas, el 31,2% las piratea entre el estreno en cine y en DVD/Blu-ray, y otro 25,5% a lo largo del primer año de lanzamiento al mercado.
- Sobre los motivos por los que se piratea, 7 de cada 10 afirma hacerlo para no pagar; 6 de cada 10, por la incertidumbre de satisfacción (porque no saben si les gustará o no el contenido); 5 de cada 10 piratea más desde la subida del IVA.
- El 25% piratea por costumbre, porque lo hace todo el mundo, y porque piensan que no hay consecuencias para la industria ni para quienes lo facilitan.
- Un 60% accedería a los contenidos de forma legal gratuita a cambio de publicidad; solo un 20% estarían dispuestos a pagar.
- Sobre la dimensión económica y laboral de la piratería en España, estos son los datos más relevantes: el valor total del lucro cesante por la piratería supera los 1.300 millones de euros; equivale a perder 26.600 puestos de trabajo y supone una pérdida de 526 millones de euros para las arcas públicas.
¿Por
qué seguimos pirateando tanto?
Desde
luego, los datos son preocupantes, máxime cuando ya llevamos unos años de
campañas de concienciación, de legislaciones disuasorias y de algunas acciones
legales contundentes. La pregunta que está en la mente de todos es por qué continuamos pirateando tanto.
La respuesta no es unívoca, y exige un examen de conciencia por parte de las
tres partes implicadas: los consumidores (usuarios), la industria (productores,
distribuidores y canales de venta), y el gobierno (medidas legales).
Respecto
de los usuarios-consumidores, el
informe mencionado incluye revelador conjunto de motivos (tabla 1) entre los que destacan los de índole económica y práctica.
Así, entre un 70% y un 73% (el primer porcentaje corresponde a la media y el
segundo a los considerados “piratas más activos”) confiesan que encontrar un
contenido demandado a coste cero es un gran aliciente –un ejemplo del perverso
mecanismo psicológico que equipara “disponibilidad o posibilidad” a “moral o
legalmente aceptable”. Un 59%-69% señalan la facilidad y rapidez de acceso, y
un 24%-35% declaran una imperiosa necesidad de verlo cuanto antes.
Tabla 1
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| Fuente: GfK y Observatorio de Piratería |
Lo
anterior se completa con las respuestas recogidas en la tabla 2, acerca de posibles alternativas a la piratería. Como se
aprecia, un 60% se mostraría dispuesto a consumir esos contenidos audiovisuales
de manera gratuita a cambio de insertar publicidad, un 17% estaría dispuesto a comprarlo y un 13% a
alquilarlo.
Tabla 2
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| Fuente: GfK y Observatorio de Piratería |
Me
detengo en estos puntos porque, en mi opinión, aluden a los principios básicos del consumo online, que coinciden con las
demandas del nuevo perfil de consumidor, es decir, del consumo personalizado: capacidad de ver lo que quiero (oferta de calidad), cuando quiero (explotación simultánea), como quiero (facilidad y
accesibilidad), donde quiero
(variedad de dispositivos) y a un precio
razonable. Aquí comienzan ya algunas reflexiones, porque en nuestro país no
existe todavía una suficiente oferta legal de los contenidos más demandados –películas
y series norteamericanas– (Netflix sigue sin aterrizar), y lo referente al cine
español no acaba de despegar (Filmin y Filmotech). Al mismo tiempo, los
exhibidores se muestran reacios a variar la actual secuencia de ventanas y por
tanto, se oponen al estreno simultáneo en internet y en la gran pantalla. Y
para terminar, no siempre el precio se considera razonable o competitivo, ni se
aplica la discriminación de precios entre las películas (todas valen lo mismo,
con independencia de su coste o de su atractivo en el mercado).
La
llave para solventar esta la tienen los representantes
de la industria y del gobierno, que deben llevar a cabo una acción
coordinada y consensuada, tal y como reclamaba no hace mucho Juan Carlos Tous, director de Filmin,
en las página de El
País. Sin embargo, también queda mucho por hacer a la hora de educar a los consumidores. Es
preocupante que el informe al que venimos aludiendo refleje que entre un 26% y
un 33% de los internautas sigan pensando que el intercambio de contenidos no es
una actividad ilegal o censurable; que un 21%-27% piense que no hace daño a
nadie; o que un 17%-20% crea que no perjudica a ninguna industria (vid. tabla 1).
¿Son
eficaces las medidas contra la piratería?
Resulta
curioso observar las respuestas de los internautas encuestados acerca de qué
medidas consideran más eficaces contra la piratería. Como muestra la tabla 3, el 68,2% considera eficaz o
muy eficaz el cerrar el acceso a las webs
piratas, y el 60,2%, la sanción a los proveedores de contenidos ilegales. Al
mismo tiempo, más del 50% piensa que las campañas son eficaces, pero –según
hemos visto–, la piratería ha crecido en nuestro país. Igual de paradójico
resulta que más de la mitad considere eficaz multar a los usuarios infractores,
cuando suele producirse un clamor social en su defensa (las veces en que esto
se ha tenido lugar).
Tabla
3
Medidas antipiratería
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| Fuente: GfK y Observatorio de Piratería |
Lex,
sed dura lex?
Lo
anterior nos lleva a plantearnos en qué medida la afamada Ley
Sinde (ahora Sinde-Wert) ha logrado
los efectos deseados en este tema y hasta qué punto el proyecto de reforma
de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) del actual ministro Wert será eficaz. Para la directora de
La Coalición de Creadores e Industria de Contenidos, Carlota Navarrete, todavía queda camino que recorrer: “Desde las
industrias de contenidos queremos trasladar que el modelo que se puso en marcha
con la Ley Sinde y se implementó con el reglamento que empezó a caminar el 1 de
marzo de 2012 ha dado unos resultados terriblemente escasos. En esos dos años,
ese modelo, que apoyamos y por el que apostamos, lejos de solventar problemas
ha consolidado unos resultados insuficientes”, asegura. Y con respecto a la
nueva LPI, fuentes de este organismo aseguran que “no garantiza la eficacia en
la lucha contra la piratería ni proporciona seguridad jurídica a las industrias
culturales”, y aunque valoran el intento del Gobierno de proteger la propiedad
intelectual, creen que “no se apuesta por las herramientas más eficaces para la
retirada de contenidos ilícitos en internet”. De momento, el propio
ministro de Educación, Cultura y Deporte reconoce que la nueva LPI “no va a
resolver la piratería, porque los problemas de la piratería no son sólo
problemas nacionales: los alojadores de estos contenidos ilícitos no están en
el ámbito jurisdiccional”. Así pues, como detallan algunas voces
críticas, la LPI puede llegar a ser inoperante.
La
“lista 301”
En
su momento, el ministro José Ignacio
Wert aseguró que estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera de su mano
para “España no podía ser la Somalia de
la propiedad intelectual”. De hecho, gracias a los esfuerzos de su predecesora
en el cargo y a él mismo, España fue eliminada temporalmente de la famosa “lista
301” elaborada por el gobierno norteamericano. Sin embargo, a comienzos de
año –antes de que se conociera el último informe del Observatorio de la
Piratería–, la Alianza Internacional
de la Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés),
recomendó a la Administración Obama a comienzos de este año mantener a nuestro
país en observación para
comprobar su grado de compromiso con la propiedad intelectual. En opinión de la
IPAA, aunque España está llevando a cabo “cambios que si se adoptan y se implementan con efectividad
podrán cerrar lagunas legales que durante años han evitado a las autoridades y
aquellos que quieren hacer valer sus derechos tomar acciones significativas
contra la piratería digital”, al mismo tiempo critica la labor de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI),
establecida en 2011, por su
inoperancia en algunos frentes como la venta en las calles y la ausencia de
mano firme para llevar a cabo “acciones expeditas y de disuasión”.
A
resultas de lo revelado por el último informe del Observatorio de la Piratería,
es muy probable que volvamos a ser incluidos en el listado de “países que no
respetan la propiedad intelectual” (junto China, Rusia, Argentina, Bolivia,
Brasil, Bulgaria, Ecuador o Italia). Para evitarlo, hará falta un importante golpe
de mano, y algunas de esas acciones expeditas y disuasorias que tanto les
gustan a los americanos cuando se trata de proteger sus propios intereses
–aunque, reconozcámoslo, también están en juego los nuestros. De hecho, en
estos meses se han producido avances
significativos en materia penal, aunque queda todavía mucho camino por
recorrer.
La
solución, entre todos
Como
hemos comentado en otras ocasiones, la lucha contra la piratería exige una
estrategia coordinada en tres frentes: la educación del consumidor para superar el déficit cultural de respeto a la propiedad
intelectual, la flexibilidad de la industria
para adaptarse a las nuevas demandas del consumo personalizado, y el compromiso
del gobierno por implantar normas
legales que sean eficaces. La batalla será ardua y lenta, pero puede ganarse,
como está ocurriendo en otros países. Internet es el mercado del presente –y mucho
más del futuro–. El principal impedimento para consolidar modelos de negocio
rentables es la piratería. En nuestras manos está.
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