El pasado
viernes, en el marco del Festival
de Cine de San Sebastián, tuvo lugar una sesión coorganizada por el Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales
(ICAA) y la Spain Film
Comission (SFC) para presentar las conclusiones
de la jornada sobre economía de los
rodajes, celebrada en la Secretaría de Estado de Cultura el pasado 21 de
marzo. Previamente, se proyectó un vídeo –de recién creación– que vende la “marca España” como lugar
idóneo para todo tipo de rodajes, y en especial, para grandes producciones
internacionales. Tanto las conclusiones como el resto de intervenciones están
disponibles en la web
del ICAA.
Aunque
las conclusiones se desglosan en
diez puntos, pueden sintetizarse en seis:
1. El sector audiovisual es considerado como estratégico y como motor económico.
Aparte de Estados Unidos, buena parte de los países de Europa Occidental (Francia,
Alemania, Reino Unido) y otros de Latinoamérica (Argentina, Colombia), han
promovido políticas fiscales específicas
para captar grandes producciones
internacionales, con buenos resultados.
2. En particular, los rodajes cinematográficos o televisivos
poseen un extraordinario impacto en la
economía de los territorios que los acogen, gracias a los gastos directos,
indirectos e inducidos que generan. Según algunos estudios, por cada euro público invertido en
forma de incentivo fiscal se obtiene
un impacto directo de entre 4 y 6 euros,
y un impacto total –incluyendo beneficios directos, indirectos e inducidos– que
puede rondar los 15 euros (en
Francia, por ejemplo, durante el trienio 2009-2012, el efecto multiplicador fue
de 6,2 euros).
3. Los incentivos no tienen por qué suponer una merma para el erario
público. Al contrario, ayudan a impulsar una actividad económica que genera
puestos de trabajo y recaudación fiscal adicional para el Estado.
4. España
goza de unas condiciones excepcionales para rodajes audiovisuales (óptimas condiciones
naturales y climáticas, un legado cultural envidiable, una oferta de
profesionales y servicios técnicos de primer orden, y modernas infraestructuras
de transporte y hostelería). Sin embargo, la ausencia de un incentivo fiscal específico para rodajes
internacionales impide competir en igualdad de condiciones con otros países. Según
algunas opiniones autorizadas, en los últimos diez años sólo se han rodado en
España alrededor de un 20% de los proyectos potencialmente interesados en
hacerlo. Se trataría de un incentivo específico y diferente al que existe para
coproducciones internacionales, pues ambos responden a objetivos y lógicas diferentes.
5. El desarrollo de una política de fomento de los rodajes
extranjeros en España basada en tales incentivos tendría efectos muy positivos no sólo sobre la
industria cinematográfica española en general, sino también sobre el turismo y sobre ciertos valores
intangibles como la marca España. En
particular, cabría mencionar los siguientes:
a) Fomento de un tejido industrial que permita la dinamización de la producción
audiovisual (creadores, técnicos, actores, proveedores y otras industrias
auxiliares), y promoción de costes locales
más competitivos en productos y servicios.
b) Creación de puestos de trabajo de calidad, con alto nivel salarial, que impidan
que el talento emigre por falta de
oportunidades. Actualmente España cuenta con algunos de los mejores técnicos
mundiales en diversas especialidades (como demuestran los múltiples
reconocimientos internacionales). Muchos de ellos se ven obligados a trabajar
fuera de nuestro país.
c) Impulso, dinamización y
diversificación del sector turístico:
creación y explotación de rutas cinematográficas (en el caso de Francia, el 62%
de los turistas extranjeros que visitan el país lo hacen influenciados por las
imágenes que aparecen en sus películas).
d) Dinamización del sector servicios: la industria audiovisual es complementaria y
alimentaría al excelente sector terciario existente en nuestro país.
e) Impulso de la “Marca España”: el cine es uno de nuestros mejores y más eficaces
embajadores para promover la cultura e identidad españolas.
6. Junto a la creación de un incentivos fiscales
atractivos, existen otras prioridades:
a)
Simplificar y agilizar los trámites y tiempos para la obtención de visados para los artistas y equipos
técnicos extracomunitarios.
b)
Creación de una Guía de Producción Audiovisual
española que permita conocer de primera mano a los productores extranjeros las
normas y usos de la producción nacional.
c) El
desarrollo de la red de Film Offices u oficinas de captación
de rodajes a lo largo de todo el territorio del Estado y el establecimiento de
un código de buenas prácticas para
el sector.
La presentación de estas
conclusiones en el marco del festival muestra tanto una intención mediática
como política. En cualquier caso, la cosa no es para menos. Según datos de FAPAE, los rodajes en España han descendido un 25% en este último año. “No
es un secreto que es mucho más complicado producir actualmente, sobre todo
películas de presupuesto medio –señala el nuevo presidente de FAPAE, Joxe Portela en una reciente entrevista–. Hace tres o cuatro años el presupuesto medio de una película española
era de 2,5 millones de euros y ahora
no llega a los 2 millones. Ahora se producen muchos documentales,
películas low cost, pero no muchas
películas medias, ni de gran presupuesto. Si excluimos éstas últimas, que son
las grandes apuestas de Antena 3 y Telecinco, y otra media docena apoyadas
por TVE de autores consagrados, casi no se
producen películas de las que se mueven en ese rango medio, casi no existen”.
Cine y fiscalidad: España vs. Francia
Es práctica habitual, en muchos países, que
los gobiernos concedan exenciones fiscales a aquellas actividades industriales
que consideren de interés nacional (energías sostenibles, tecnología, industrias
creativas, etc.). De este modo consiguen promoverlos –de modo indirecto– desarrollando
mecanismos que atraigan la inversión privada. Unos de los más utilizados, por
razones evidentes, son los incentivos fiscales.
En
el caso
español –Ley del Cine (5/2007, de 28 de diciembre, cap. III, art
19-37); Ley de Impuesto de Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo); Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)–, la deducción por inversiones en
producciones cinematográficas asciende a un 18% del importe de la inversión en el caso del productor, y a un 5% en el caso del coproductor financiero. Se distingue entre ambas figuras para
diferenciar a los productores principales (aquellos que son titulares de los
derechos de explotación) y a aquellos otros que sólo participan
financieramente, dentro de unos límites previstos (entre el 10% y el 25% del
coste total de la producción). Se sobreentiende que únicamente pueden acceder a
esta bonificación fiscal las películas que obtengan el certificado de nacionalidad
española. Por otro lado, el importe de esta deducción (junto al de otras que
pudiera aplicarse) no podrá exceder del 35% de la cuota íntegra del impuesto
minorada en las deducciones.
Este porcentaje del 18% resulta
escaso si se compara con el 20-25%
que sucede en el Reino Unido y Alemania, o entre un 20-40% en Francia (según las fórmulas). La siguiente gráfica recoge de modo
comparativo y a título de ejemplo las diferencias
existentes en Francia y España en este terreno.
Ayudas al cine: Francia vs España
Como se aprecia, el modelo francés presenta una
equilibrada combinación de incentivos fiscales y de ayudas directas. En un
interesante artículo,
se explican con más detalles las medidas
de apoyo de ayudas a la cinematografía del sistema francés.
Para empezar, el Estado francés no aporta la
totalidad del fondo de protección o ayuda, sino que parte de esa cantidad se
recauda a través de una serie de tasas. Por un lado, la tasa de recaudación o taquilla: un 11% de cada entrada de cine –tanto
de películas nacionales como extranjeras– revierte directamente en el sector.
Por otro, la tasa empresarial,
mediante la que las empresas del sector contribuyen en un porcentaje según
beneficios. Asimismo, en Francia funcionan desde hace muchos años las SOFICAS (Société pour le Financement du Cinéma et de l’Audiovisuel), cuyo
atractivo principal de cara a inversores privados es la desgravación del 40%.
Con los fondos recogidos a través de esta entidad, se financian cada año más de
un centenar de largometrajes.
Además, con el objetivo de frenar la
deslocalización de rodajes y reforzar al mismo tiempo la imagen de Francia como
lugar atractivo para producciones extranjeras, el gobierno francés ha
establecido una serie de ventajas fiscales para incentivar la inversión. Una de
ellas, es el TRIP (Tax Rebate for International Production), mediante el cual las
productoras extanjeras que decidan realizar total o parcialmente sus producciones
en Francia contabilizar como crédito fiscal en torno a un 20% de la inversión
total. También las productoras locales pueden disfrutar de beneficios
fiscales con un amplio techo de incentivos, siempre y cuando gran parte
de los gastos derivados de la producción tengan lugar en el país. Lejos de recortar
algunas de estas ventajas con motivo de la crisis económicas, el gobierno
francés ha aumentado el techo de incentivos de 1 a 4 millones de euros para el
caso de películas francesas, y de 4 a 10 millones de euros para las
producciones extranjeras.
FAPAE vs ICAA: un pulso sostenido
Desde hace varios años, los productores
españoles vienen reclamando al Gobierno medidas fiscales parecidas a las
existentes en Francia. Sin embargo, el Ejecutivo se ha mostrado hasta ahora
reticente con todo lo que suena a merma del erario público, y más en tiempos de
crisis. De hecho, resulta significativo que, tras las muestras institucionales
de buena voluntad (como recogíamos en un artículo anterior), todavía no se hayan
articulado algunos de estos mecanismos. Es cierto que a lo largo de este interim se han celebrado varias
reuniones de una comisión mixta para reformular la financiación del cine
español –una de cuya subcomisiones está centrada en los cambios en la
fiscalidad–, pero de momento no se ha llegado al consenso. Mientras que los
productores españoles demandan fórmulas que permitan alcanzar hasta el 40%, el
ICAA considera razonable llegar al 20%.
“Nosotros no somos ajenos a la
situación económica de España –asegura el nuevo presidente de FAPAE–. Queremos
una desgravación fiscal del 40%, como existe en otros países del entorno
europeo, pero estamos abiertos a confeccionar un calendario para que la puesta
en marcha de estas medidas sea paulatina. Estamos de acuerdo en que el 18% es
insuficiente, que hay que igualar al inversor financiero con el productor
audiovisual para tratar de atraer dinero de otros sectores, que las AIE [Agrupaciones
de Interés Económico] son una fórmula complicada, por lo que solicitamos un
sistema más sencillo parecido al de Francia, que se incluyan la copias,
promoción y publicidad en los gastos… Si estamos de acuerdo en todo, solo queda
que haya voluntad política para
hacer el cambio”. Sin embargo, no es su única reclamación: “También hemos presentado un
modelo de ayudas que no se basa en la taquilla. El modelo
vigente creaba una gran inseguridad
jurídica y ciertas perversiones. Apostamos por un sistema también
parecido al francés mediante la puesta en marcha de un sistema de puntuación que permite conseguir la ayuda antes de
empezar a rodar. También está de acuerdo el ICAA con este modelo de ayudas. El
ministro hace un año habló de una Coalición para salvar el cine español. La idea era que los cambios legislativos se
acometieran en el segundo semestre del año 2013 para que entrasen en vigor en
enero de 2014, pero eso ya no es posible. Si no hubiese consenso puedo entender
que no se apruebe nada, pero si el consenso es un hecho, entonces no hay
razones para no hacerlo, porque además no va tener problemas en el Parlamento,
incluso hay medidas que no requieren cambio de Ley, ya estaban planteadas en la
Ley del Cine del 2007. Insisto, es cuestión sólo de voluntad política”.
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| Joxe Portela (Presidente de FAPAE) Susana de la Sierra (Directora del ICAA) |
Por su parte, Susana de la Sierra, directora del ICAA, pide un
poco de paciencia y confianza: “Los tiempos son muy duros, pero Hacienda está
mostrando sensibilidad hacia el sector; saben que lo está pasando muy mal y
estamos trabajando en distintos ámbitos”. No es fácil el papel del ICAA como
mediador entre el Gobierno y los productores audiovisuales. Sin embargo, su
directora, licenciada en Derecho y experta en fiscalidad, parece decidida a
llevar las negociaciones a buen puerto. En una entrevista
publicada hace unos meses, respondía con nitidez a varios de los actuales desafíos. “Estamos poniendo
sobre la mesa cuestiones [como] el porcentaje de la deducción fiscal –comentaba
entonces–, pero también las formas de hacer más atractiva la inversión privada en
el sector cinematográfico o la forma de aplicar ese incentivo, que es tan
importante como el porcentaje. A día de hoy, existen las Agrupaciones
de Interés Económico, que no han funcionado lo suficientemente bien y
estamos viendo si se pueden crear mecanismos jurídicos que solucionen los
problemas que planteaban”. Y sobre la complejidad del acuerdo fiscal a nivel europeo, explica: “El instrumento fiscal es
más etéreo porque no se sabe muy bien cuánto dinero se va a conceder. La
Comisión está viendo que se está produciendo cierta competencia entre los
estados en relación con los incentivos fiscales. Lo que se está potenciando
últimamente en todos los estados de nuestro entorno, más que las ayudas
directas, es quién da el incentivo más atractivo para atraer rodajes a su
territorio. Eso la Comisión lo quiere frenar”.
Otro punto de conflicto, según indica De la Sierra, son las llamadas cláusulas de territorialización,
presentes en muchas de las ayudas directas o indirectas: “Esas cláusulas
significan que si yo concedo una ayuda directa o un incentivo puedo exigir que
una parte del gasto de la película se realice en el territorio. Es algo lógico,
porque en la medida que estoy dando dinero público, me interesa que ese dinero
revierta en el ámbito nacional. La Comisión considera que esas cláusulas
interfieren en la competencia entre estados, porque si exijo que se gaste el
dinero aquí estoy impidiendo que la película se mueva entre distintos países.
Ese es el gran debate a día de hoy. Antes, la Comisión permitía que se pudiera
exigir que el 80% del presupuesto de la película se gastara en el territorio.
Ahora, el borrador dice que solo se puede jugar con la ayuda concedida. Para
incentivos fiscales, la Comisión es incluso un poco más estricta, y eso es lo
que se está negociando”.
El pulso, pues, sigue en alto. Sin embargo,
todo parece indicar que pronto se convertirá en un firme apretón de manos. Ya
es hora de que la industria del cine en España –que con creces ha demostrado su
competencia creativa y técnica a nivel internacional– cuente con las medidas de
apoyo óptimas para atraer la inversión privada y aumentar la presencia de
rodajes internacionales en nuestro país.
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