jueves, 24 de abril de 2014

Piratería en España: ¿volvemos a la lista negra?

            La publicación a comienzos de este mes del último informe del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo Digitales sobre el tráfico ilegal de contenidos audiovisuales por internet en nuestro país (datos de 2013) ha levantado ampollas. Al parecer, la situación ha empeorado con respecto al año pasado.


            El informe, encargado por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, se basa en una encuesta a internautas –con edades comprendidas entre los 11 y los 74 años– realizada por la consultora GfK con captación personalizada a partir de una base de 50.000 panelistas (no se especifica el tamaño concreto de la muestra). Estos son algunos de los datos más relevantes:
  • El 84% de todos los contenidos culturales adquiridos en España es pirata.
  • El 51% de los internautas declaran acceder a productos de forma ilegal. En concreto, el 43% declara piratear películas, el 28% música, el 15% libros y el 10% videojuegos.
  • La mitad de los accesos ilícitos tienen que ver con novedades. En concreto, en el caso de películas, el 31,2% las piratea entre el estreno en cine y en DVD/Blu-ray, y otro 25,5% a lo largo del primer año de lanzamiento al mercado.
  • Sobre los motivos por los que se piratea, 7 de cada 10 afirma hacerlo para no pagar; 6 de cada 10, por la incertidumbre de satisfacción (porque no saben si les gustará o no el contenido); 5 de cada 10 piratea más desde la subida del IVA.
  • El 25% piratea por costumbre, porque lo hace todo el mundo, y porque piensan que no hay consecuencias para la industria ni para quienes lo facilitan.
  • Un 60% accedería a los contenidos de forma legal gratuita a cambio de publicidad; solo un 20% estarían dispuestos a pagar.
  • Sobre la dimensión económica y laboral de la piratería en España, estos son los datos más relevantes: el valor total del lucro cesante por la piratería supera los 1.300 millones de euros; equivale a perder 26.600 puestos de trabajo y supone una pérdida de 526 millones de euros para las arcas públicas.


¿Por qué seguimos pirateando tanto?

            Desde luego, los datos son preocupantes, máxime cuando ya llevamos unos años de campañas de concienciación, de legislaciones disuasorias y de algunas acciones legales contundentes. La pregunta que está en la mente de todos es por qué continuamos pirateando tanto. La respuesta no es unívoca, y exige un examen de conciencia por parte de las tres partes implicadas: los consumidores (usuarios), la industria (productores, distribuidores y canales de venta), y el gobierno (medidas legales).

            Respecto de los usuarios-consumidores, el informe mencionado incluye revelador conjunto de motivos (tabla 1) entre los que destacan los de índole económica y práctica. Así, entre un 70% y un 73% (el primer porcentaje corresponde a la media y el segundo a los considerados “piratas más activos”) confiesan que encontrar un contenido demandado a coste cero es un gran aliciente –un ejemplo del perverso mecanismo psicológico que equipara “disponibilidad o posibilidad” a “moral o legalmente aceptable”. Un 59%-69% señalan la facilidad y rapidez de acceso, y un 24%-35% declaran una imperiosa necesidad de verlo cuanto antes.

Tabla 1
Fuente:  GfK y Observatorio de Piratería   


            Lo anterior se completa con las respuestas recogidas en la tabla 2, acerca de posibles alternativas a la piratería. Como se aprecia, un 60% se mostraría dispuesto a consumir esos contenidos audiovisuales de manera gratuita a cambio de insertar publicidad, un 17%  estaría dispuesto a comprarlo y un 13% a alquilarlo.

Tabla 2
Fuente:  GfK y Observatorio de Piratería 

            Me detengo en estos puntos porque, en mi opinión, aluden a los principios básicos del consumo online, que coinciden con las demandas del nuevo perfil de consumidor, es decir, del consumo personalizado: capacidad de ver lo que quiero (oferta de calidad), cuando quiero (explotación simultánea), como quiero (facilidad y accesibilidad), donde quiero (variedad de dispositivos) y a un precio razonable. Aquí comienzan ya algunas reflexiones, porque en nuestro país no existe todavía una suficiente oferta legal de los contenidos más demandados –películas y series norteamericanas– (Netflix  sigue sin aterrizar), y lo referente al cine español no acaba de despegar (Filmin y Filmotech). Al mismo tiempo, los exhibidores se muestran reacios a variar la actual secuencia de ventanas y por tanto, se oponen al estreno simultáneo en internet y en la gran pantalla. Y para terminar, no siempre el precio se considera razonable o competitivo, ni se aplica la discriminación de precios entre las películas (todas valen lo mismo, con independencia de su coste o de su atractivo en el mercado).

       La llave para solventar esta la tienen los representantes de la industria y del gobierno, que deben llevar a cabo una acción coordinada y consensuada, tal y como reclamaba no hace mucho Juan Carlos Tous, director de Filmin, en las página de El País. Sin embargo, también queda mucho por hacer a la hora de educar a los consumidores. Es preocupante que el informe al que venimos aludiendo refleje que entre un 26% y un 33% de los internautas sigan pensando que el intercambio de contenidos no es una actividad ilegal o censurable; que un 21%-27% piense que no hace daño a nadie; o que un 17%-20% crea que no perjudica a ninguna industria (vid. tabla 1).

¿Son eficaces las medidas contra la piratería?

            Resulta curioso observar las respuestas de los internautas encuestados acerca de qué medidas consideran más eficaces contra la piratería. Como muestra la tabla 3, el 68,2% considera eficaz o muy eficaz el cerrar el acceso a las webs piratas, y el 60,2%, la sanción a los proveedores de contenidos ilegales. Al mismo tiempo, más del 50% piensa que las campañas son eficaces, pero –según hemos visto–, la piratería ha crecido en nuestro país. Igual de paradójico resulta que más de la mitad considere eficaz multar a los usuarios infractores, cuando suele producirse un clamor social en su defensa (las veces en que esto se ha tenido lugar).

Tabla 3
Medidas antipiratería
Fuente:  GfK y Observatorio de Piratería

Lex, sed dura lex?

            Lo anterior nos lleva a plantearnos en qué medida la afamada Ley Sinde (ahora Sinde-Wert) ha logrado los efectos deseados en este tema y hasta qué punto el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) del actual ministro Wert será eficaz. Para la directora de La Coalición de Creadores e Industria de Contenidos, Carlota Navarrete, todavía queda camino que recorrer: “Desde las industrias de contenidos queremos trasladar que el modelo que se puso en marcha con la Ley Sinde y se implementó con el reglamento que empezó a caminar el 1 de marzo de 2012 ha dado unos resultados terriblemente escasos. En esos dos años, ese modelo, que apoyamos y por el que apostamos, lejos de solventar problemas ha consolidado unos resultados insuficientes”, asegura. Y con respecto a la nueva LPI, fuentes de este organismo aseguran que “no garantiza la eficacia en la lucha contra la piratería ni proporciona seguridad jurídica a las industrias culturales”, y aunque valoran el intento del Gobierno de proteger la propiedad intelectual, creen que “no se apuesta por las herramientas más eficaces para la retirada de contenidos ilícitos en internet”.  De momento, el propio ministro de Educación, Cultura y Deporte reconoce que la nueva LPI “no va a resolver la piratería, porque los problemas de la piratería no son sólo problemas nacionales: los alojadores de estos contenidos ilícitos no están en el ámbito jurisdiccional”. Así pues, como detallan algunas voces críticas, la LPI puede llegar a ser inoperante.

La “lista 301”

            En su momento, el ministro José Ignacio Wert aseguró que estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera de su mano para  “España no podía ser la Somalia de la propiedad intelectual”. De hecho, gracias a los esfuerzos de su predecesora en el cargo y a él mismo, España fue eliminada temporalmente de la famosa “lista 301” elaborada por el gobierno norteamericano. Sin embargo, a comienzos de año –antes de que se conociera el último informe del Observatorio de la Piratería–, la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés), recomendó a la Administración Obama a comienzos de este año mantener a nuestro país en observación para comprobar su grado de compromiso con la propiedad intelectual. En opinión de la IPAA, aunque España está llevando a cabo “cambios que si se adoptan y se implementan con efectividad podrán cerrar lagunas legales que durante años han evitado a las autoridades y aquellos que quieren hacer valer sus derechos tomar acciones significativas contra la piratería digital”, al mismo tiempo critica la labor de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), establecida en 2011, por su inoperancia en algunos frentes como la venta en las calles y la ausencia de mano firme para llevar a cabo “acciones expeditas y de disuasión”.

            A resultas de lo revelado por el último informe del Observatorio de la Piratería, es muy probable que volvamos a ser incluidos en el listado de “países que no respetan la propiedad intelectual” (junto China, Rusia, Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Ecuador o Italia). Para evitarlo, hará falta un importante golpe de mano, y algunas de esas acciones expeditas y disuasorias que tanto les gustan a los americanos cuando se trata de proteger sus propios intereses –aunque, reconozcámoslo, también están en juego los nuestros. De hecho, en estos meses se han producido avances significativos en materia penal, aunque queda todavía mucho camino por recorrer.
             
La solución, entre todos

            Como hemos comentado en otras ocasiones, la lucha contra la piratería exige una estrategia coordinada en tres frentes: la educación del consumidor para superar el déficit cultural de respeto a la propiedad intelectual, la flexibilidad de la industria para adaptarse a las nuevas demandas del consumo personalizado, y el compromiso del gobierno por implantar normas legales que sean eficaces. La batalla será ardua y lenta, pero puede ganarse, como está ocurriendo en otros países. Internet es el mercado del presente –y mucho más del futuro–. El principal impedimento para consolidar modelos de negocio rentables es la piratería. En nuestras manos está.


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jueves, 10 de abril de 2014

A vueltas con la neutralidad de la Red

            La situación de mayor oligopolio creada por la fusión entre Comcast y Time Warner Cable ha reavivado el debate sobre la llamada neutralidad de la Red (Net Neutrality), que viene coleando a lo largo del último año en Estados Unidos.

            Inicialmente, la Federal Communications Commission (FCC), el organismo regulador de las telecomunicaciones en ese país, había emanado una norma que prohibía a los proveedores de internet (como las operadoras de telefonía) discriminar u obstaculizar a determinados distribuidores de contenidos a través de la banda ancha (como las plataformas de VoD). Sin embargo, la compañía Verizon llevó esta legislación a los tribunales (USA Court of Appeals - District Columbia Circuit) y obtuvo una sentencia favorable. Así pues, la FCC ha tenido que dar marcha atrás momentáneamente. El nuevo responsable de esta Comisión, Tom Wheeler, férreo defensor del Open Internet (internet abierto), está dispuesto a seguir adelante y lograr una nueva regulación sobre la neutralidad de la Red que satisfaga a todas las partes implicadas, cuestión nada fácil.


            Detrás de este debate se encuentra respuestas a diversos interrogantes: ¿Debe ser internet un espacio libre de regulación? ¿Debe considerarse la red como un canal más de distribución –como el cable o el satélite– y por tanto susceptible de ser alquilado? ¿Tiene derecho el proveedor de internet de manipular el acceso y la velocidad de los proveedores de contenidos rivales, en aras de la defensa de sus intereses comerciales (mercado competitivo)?

Verizon vs the FCC

            En 2010, la FCC adoptó un conjunto de reglas acerca de la neutralidad de la red que, entre otras cosas, impedía que los proveedores de servicios de internet dificultaran o bloquearan el tráfico de contenidos o favorecieran a unas plataformas sobre otras, salvo en caso de una “gestión razonable de la red”. Sin embargo, Verizon desafió esta regulación, alegando que la FCC no tenía la competencia para imponerlas. El tribunal de apelación reconoció la capacidad de la FCC para regular a los proveedores de Internet, pero encontró fallos de forma. En concreto, los jueces dictaminaron que este organismo regulador estaba tratando a los proveedores de Internet como si fueran “portadores comunes de redes” (common carriers) –al igual que las empresas de telefonía fija– pero sin clasificarlas explícitamente como tales.

Tom Wheeler (Fuente: New Yorker)

            Según Wheeler, la sentencia del caso Verizon vs the FCC no significa una renuncia a sus aspiraciones: “Tendremos en cuenta todas las opciones disponibles, incluida la apelación, para garantizar que estas redes de las que depende internet sigan proporcionando una plataforma abierta a la innovación y a la libre expresión, presentes en el interés de todos los estadounidenses”, afirma. Una posibilidad es que la nueva regulación acerca de la neutralidad de la Red se haga de modo similar a la de la itinerancia de datos, que ha resistido el escrutinio legal. De este modo se conseguiría la necesaria flexibilidad para las empresas de telecomunicaciones en su margen de maniobras competitivas, al tiempo que permitiría a la FCC vigilar posibles conductas abusivas.

A favor y en contra de la regulación

            Son muchas las voces que apoyan a la FCC, tanto desde instancias políticas como profesionales. De hecho, fueron varios senadores republicanos quienes introdujeron en su momento la Open Internet Preservation Act, aprobada luego por las instancias competentes. Uno de ellos, la senadora Anna Eshoo, declaraba: “Al eliminar las normas que prevenían a los proveedores de banda ancha de discriminar e incluso bloquear el contenido que circula en la Red, la decisión judicial representa una amenaza para la apertura y la libertad que han hecho posible el éxito de internet ”. Por parte de los profesionales, un comunicado de la Writers’ Guild of America (WGA) West aseguraba sin ambages: “Esta sentencia supone un golpe a la libre competencia, a los consumidores y a los creadores de contenido. El internet abierto es ya una realidad. Permitir que sucumba a las fuerzas corporativas que buscan controlar aquello a lo que los consumidores pueden acceder, socava los principios democráticos de la total apertura en los que se basa internet”.

            Por el contrario, los proveedores de internet defienden la libertad de movimientos para garantizar la adecuada gestión del tráfico en la Red, sobre todo cuando puede haber picos en los que un solo distribuidor como Netflix  acapara más del 30% del tráfico streaming del país. Además, según ellos, el adecuado desarrollo de la banda ancha debe estar ligado algún tipo de discriminación de precios.

Implicaciones para la industria del entretenimiento

            Como se comentaba al inicio, el nuevo gigante Comcast-TWC arroja la sombra de un mayor oligopolio. La industria del entretenimiento necesita cada vez más de las plataformas de VoD –sean servicios de streaming tipo Amazon Prime o set-top boxes como Apple TV–, y el temor de que los proveedores de internet y banda ancha se conviertan en intermediarios obligados y exijan peajes desmesurados tiene su fundamento. Los estudios de Hollywood se han mostrado siempre un tanto ambiguos sobre si desean o no la neutralidad de la red, salvo en lo referente a controlar la piratería, en cuyo caso están a favor de todo tipo de medidas. En cualquier caso, la ausencia de normas otorga gran poder a los proveedores de internet, que tienen la llave de acceso de la banda ancha en los hogares. No es de extrañar que el presidente de Google, Michael Beckerman, afirme: “los proveedores de internet tienen ahora luz verde para imponer tarifas y levantar barreras anticompetitivas a los proveedores de contenidos”.


            Parece ser que una de las vías de solución puede ir en la línea de “pago por consumo individualizado”, es decir, que cada usuario pague en función del porcentaje de banda ancha que utilice, de modo similar a las tarifas eléctricas y no una tarifa plana. Se trata de un modelo de precios similar al del tráfico inalámbrico de datos, que está exento de las reglas anti-discriminación de la neutralidad de la red. Sin embargo existe el temor de que todo ello acabe traduciéndose también en costes adicionales para los proveedores de contenidos.

Netflix vs Comcast

            Uno de los fervientes defensores de la neutralidad de la Red es Reed Hastings, CEO de Netflix, quien ha accedido a pagar a Comcast para disfrutar de una conexión directa con este gigante del cable, aunque lo ha hecho a regañadientes. “Algunos de los proveedores de internet más poderosos [en referencia a Comcast] obligan a pagar un peaje, ya que controlan efectivamente el acceso a millones de consumidores. Y están dispuestos a sacrificar los intereses de sus propios clientes con tal de presionar Netflix y a otros para que lo hagan”, escribe en su blog. “Netflix cree firmemente que neutralidad de la red es fundamental, aunque en el corto plazo deberemos pagar el peaje a los proveedores de internet para proteger a nuestra experiencia del consumidor”. Y así ha sido. Según algunos analistas, la compañía de Hastings desembolsará unos 12 millones de dólares al año a Comcast en concepto de peaje de conexión, si bien esta cantidad se traduce en apenas 50 céntimos por megabite por segundo al mes, uno de las tarifas más bajas de las existentes.

Reed Hastings (Fuente: Fortune)

            En efecto, las plataformas de distribución de contenidos como Netflix van a estar sujetas a los costes adicionales de uso de la Red. Siempre ha sido así en otros ámbitos (como el cable o la telefonía). El quid de la cuestión no estriba en si se debe pagar o no, sino más bien si se trata de un precio razonable. A eso se une la garantía de asegurar que los proveedores de internet, aunque sean “propietarios” de la Red, no favorezcan a unas plataformas sobre otras. Y en la actual situación en la que los grandes actores (grupos multimedia) poseen tanto los canales (internet) como los contenidos, es algo difícil de garantizar. La FCC tendrá que emplearse a fondo.


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